elcomentario

La banca lanzó ayer un grito a los poderes públicos para que articulen cuanto antes las medidas de apoyo al sector financiero, mientras que el Banco de España lo viene lanzando en privado en las últimas semanas. Con esta presión, los responsables económicos del PSOE, Octavio Granado, y del Partido Popular, Cristóbal Montoro, improvisaron una reunión ayer en la bodeguilla Los Rotos de la calle Huertas de Madrid para acelerar la negociación, con acuerdo de fondo, pero con discrepancias en las formas. El objetivo: crear el fondo de rescate con hasta 90.000 millones de euros.

La reunión tuvo lugar tras un debate público de ambos en unas jornadas financieras organizadas por la Fundación Primero de Mayo del sindicato Comisiones Obreras. En el acto, Granado y Montoro mostraron disposición al acuerdo, pero pusieron en evidencia que mantienen aún importantes discrepancias.

Para Granado, «es evidente que nuestro sistema financiero va a tener problemas derivados de la actual situación». Así que defendió que el nuevo Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (Frob) que prepara el Gobierno «se dote de mecanismos flexibles» para afrontar «la reestructuración». Para ello, consideró deseable un acuerdo «entre los dos grandes partidos políticos» y se mostró optimista, por «el nivel de acuerdo que hay sobre el fondo de la cuestión».

Montoro puso condiciones. La más llamativa es que pidió modificar la Ley de Cajas para reducir la presencia política de los partidos. «No es bueno que cargos electos estén en las cajas de ahorros», afirmó.

Granado discrepó. Resaltó que hacer cambios de envergadura al tiempo que se afronta la crisis podría provocar «un enorme conflicto» y señaló que reducir el poder autonómico en las cajas choca también con los estatutos de autonomía. «¿Entonces qué? ¿Si se fusionan dos o hasta tres cajas de distintas comunidades autónomas van a ser supervisadas por tres comunidades autónomas?», ironizó Montoro, que pidió decir la verdad y es que «lo que se va a hacer es achatarrar entidades (...) la mayor reconversión del sector que hemos conocido».

«Me siento incapaz de decirle a la gente que vamos a gastar 90.000 millones de euros en no se sabe qué», agregó Montoro. Exigió «un procedimiento claro en el fondo» que evite «la discrecionalidad» e impida que «aumente la concentración del poder económico en el sector».

«No me parece una forma adecuada de actuar intentar imponer un modelo cuadriculado en todos y cada uno de los casos de reestructuración», respondió el socialista.

Posteriormente, ya a solas, Montoro criticó la intervención en Caja Castilla-La Mancha y aseguró que nadie iba a querer ya fusionarse gratis al asomar dinero público en el horizonte. Granado señaló, por su parte, que no se puede modificar la ley para que el PP arregle su problema en Caja Madrid.

Otro punto de discordia es el Banco de España. Montoro no quiere que la institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez -al que no ve independiente del PSOE- sea «el poder exclusivo» en la gestión del nuevo mapa bancario. «En ningún país dice el banco central cómo tiene que quedar el sector»

No obstante, tras la media hora del encuentro -pagó Granado los cafés-, que prosiguió después en la acera, ambos acordaron seguir las conversaciones, porque, según el Gobierno, existe tal número de entidades, sobre todo, cajas, en peligro, que hay ya «riesgo sistémico».

En las citadas jornadas de CCOO, el secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Pedro Pablo Villasante, afirmó que los bancos «no serán inmunes» a la crisis. «Hay que actuar. Nos equivocaremos si sólo esperamos a que la crisis pase, porque puede durar más que nuestra resistencia», clamó. Pero Villasante exigió que no se dé dinero público a las entidades «sin viabilidad», sino que se guarden esos fondos para «dar ayudas a quien minimice el coste de las que desaparezcan». O dicho de otra forma, que en lugar de inyectar capital a una entidad quebrada se subvencione al rival que acuda en su rescate.

Mientras, el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José Antonio Olavarrieta, insistió en el mismo foro en la importancia urgente de una hoja de ruta «para proteger la solvencia» de las entidades.

Olavarrieta rechazó la idea de inyectar capital al conjunto del sector -lo que se conoce como manguerazo- y pidió la ayuda para aquéllas cajas que siguen siendo solventes y que se acerquen al límite en el que, en términos financieros, se deja de serlo (el 8% de recursos propios sobre activos).

Café urgente en Los Rotos

El escenario no era el más propicio para negociar sobre el rescate del sistema financiero, porque su nombre era Bodeguilla Los Rotos. Pero sí el más rápido. El bar está junto a la sede del Consejo Económico y Social en que el socialista Octavio Granado y el popular

Bajo estas líneas se reproduce íntegra la intervención del director de EL MUNDO ayer, en la presentación del libro 'Titadyn'.

El 10 de enero de 1898, el prestigioso biólogo Émile Duclaux, director del Instituto Pasteur, publicó una carta en el diario parisino Le Siècle con la que abría lo que podríamos llamar el frente científico del caso Dreyfus. Sostenía que se había condenado a un inocente, denunciando la falta de rigor de la instrucción sumarial, la ligereza de la sentencia y la actitud de las autoridades, a las que presentaba encerradas en una cueva para no recibir la luz que podían aportar las pruebas caligráficas, el análisis químico de los documentos o el cálculo matemático de probabilidades.

Aunque sea imposible determinar cuál fue el impulso decisivo, es evidente que este gesto estuvo entre los detonantes de la mucho más extensa y célebre misiva que tres días después Émile Zola publicó en L' Aurore con el título de J'Accuse. Si la ciencia entraba en liza en pos de la verdad, ¿cómo no iban a hacerlo la literatura y el pensamiento crítico?

Ni Antonio Iglesias está al frente de una gran institución pública -aunque méritos no le faltarían para ello- ni yo soy el Pedro Zola que para bien o para mal pintan algunos. Pero, a cambio, su aportación científica a la causa del esclarecimiento de lo ocurrido en Madrid el 11 de marzo de 2004 es mucho más concreta que la de monsieur Duclaux, y yo supliré con constancia y empeño mis menores dones literarios.

En todo caso, desde el momento en que conocí el minucioso trabajo de este químico perfeccionista y abnegado, me pareció que era nuestro deber moral contribuir a divulgarlo para que el mayor número posible de ciudadanos tengan elementos de juicio tan decisivos como los que constituyen sus conclusiones.

Yo no sé lo que ocurrió el 11-M y el trabajo de Antonio Iglesias tampoco lo desvela. Pero sí demuestra que lo que no ocurrió es lo que dice la sentencia, porque en todos los restos de los focos se halló dinitrotolueno y en el único que no había sido lavado con agua y acetona se halló nitroglicerina, dos componentes que están en el Titadyn y no en la Goma 2 ECO. Por lo tanto, es científicamente imposible, químicamente imposible, molecularmente imposible por mucho que lo afirmen la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que «toda o gran parte de la dinamita [que estalló en los trenes] procedía de Mina Conchita», porque en Mina Conchita había Goma 2 ECO, pero no Titadyn.

La otra gran aportación de este trabajo son los sólidos indicios de la manipulación policial de la investigación, brillantemente realzados por el texto de Casimiro García-Abadillo, que más que un prólogo es una auténtica hoja de ruta del estado de la cuestión. Puede decirse, pues, que gracias a este libro ya sabemos por culpa de quiénes no sabemos lo que ocurrió en el 11-M o, al menos, por culpa de quiénes las posibilidades que un Estado democrático tiene de averiguar la verdad sobre un atentado político de esa magnitud quedaron infamemente disminuidas.

Poner ahora a esas personas en la picota pública no sólo es un acto de justicia compensatoria, sino que constituye posiblemente la última esperanza de reactivar la maquinaria de las instituciones e intentar limpiar -como escribió Zola- «la mancha de cieno» que ensucia nuestra dignidad nacional.

Por eso, igual que hizo él hace 111 años -ojalá nos traiga suerte tan perfecto capicúa-, yo acuso.

YO ACUSO al entonces comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas con flagrante incumplimiento de sus deberes profesionales, al transgredir los protocolos sobre recogida y almacenamiento de restos, al asumir unos análisis que no le habría correspondido realizar, al no poner a disposición de la Policía Científica los fragmentos obtenidos en los focos de los trenes, al predeterminar la investigación con la muestra patrón de la Goma 2 ECO de la que presuntamente salió también el explosivo colocado en la Kangoo y al proporcionar al juez Del Olmo, a la Comisión de Investigación parlamentaria y al propio tribunal del 11-M información falsa o gravemente errónea, perjudicando una y otra vez la búsqueda de la verdad de lo ocurrido.

YO ACUSO a la perito química de los Tedax con carné profesional 17.682 de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas con flagrante incumplimiento de sus deberes profesionales, al no redactar y entregar a sus superiores un informe por escrito especificando los componentes de la dinamita que identificó en los análisis realizados en el laboratorio de los Tedax durante el mediodía del 11 de marzo de 2004 y al destruir la disolución en agua y acetona de los restos empleados, impidiendo así toda posterior verificación.

YO ACUSO al entonces comisario jefe de la Policía Científica, Carlos Corrales, de incumplimiento de sus deberes profesionales al no reclamar de forma fehaciente la entrega de los restos de los focos de los trenes para su análisis en su laboratorio tal y como era preceptivo.

YO ACUSO al entonces subdirector general de la Policía, Pedro Díaz Pintado, y al entonces comisario general de Información, Jesús de la Morena, de incumplimiento de sus deberes profesionales al consentir expresa o tácitamente que el jefe de los Tedax no entregara a la Policía Científica los restos de los focos de los trenes.

YO ACUSO al general Félix Hernando, responsable de la UCO de la Guardia Civil, de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas con incumplimiento de sus deberes profesionales, al transmitir a la Comisión de Investigación parlamentaria, al juez instructor y al propio tribunal del 11-M información falsa o gravemente errónea sobre la investigación de la trama de explosivos en Asturias y el papel de sus confidentes en la misma, y al dar presuntamente instrucciones a su subordinado el alférez Jaime Trigo para que tratara de destruir la nota informativa que demostraba esa falsedad.

YO ACUSO al alférez de la UCO Jaime Trigo de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas al dirigirse al entonces segundo jefe de la Comandancia de Oviedo, Francisco Javier Jambrina, y pedirle, según su testimonio judicial, la destrucción de la nota que dejaba en evidencia a su superior Félix Hernando.

YO ACUSO al actual comisario jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y a sus subordinados Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la manipulación y ocultación de pruebas al «alterar» de «forma inveraz» -tal y como ha establecido la Justicia- un informe pericial que podía contradecir la versión oficial de lo ocurrido, dejando patente que -al margen de la propia trascendencia de dicho informe- existía una consigna política para orientar la investigación en una única dirección.

YO ACUSO al mando de la Policía Científica Alfonso Vega, jefe de la pericia ordenada por el tribunal del 11-M, de entorpecer la acción de la Justicia al poner trabas al trabajo de sus compañeros y al alentar en su propio informe al tribunal las más extravagantes teorías para tratar de justificar la aparición en los análisis de componentes químicos que echaban por tierra la versión oficial de los hechos.

YO ACUSO al juez Juan del Olmo de grave negligencia e incompetencia profesional al permitir la destrucción de pruebas esenciales como los propios trenes, al no asegurarse de que la Policía hubiera cumplido los protocolos establecidos para el análisis de explosivos, al concluir la instrucción sin tan siquiera contar con una prueba pericial de lo que estalló en los trenes, al permitir el incumplimiento de las normas de custodia de las pruebas, al orientar unidireccionalmente las investigaciones y al perseguir con saña sin «ponderación, mesura ni equilibrio» a los dos policías que podían poner en evidencia algunos aspectos irregulares de las mismas, tal y como acaba de establecerlo la Justicia.

YO ACUSO al juez Javier Gómez Bermúdez de negligencia profesional, al incluir en la sentencia graves errores materiales de carácter fáctico en relación al resultado de la pericia de explosivos; de inconsistencia intelectual, al no reflejar en la sentencia las consecuencias lógicas del resultado de la prueba pericial por él mismo encargada; de incoherencia personal, al defraudar las expectativas por él mismo alentadas cuando comunicó a las víctimas que algunos policías irían «caminito de Jerez»; de frivolidad, imprudencia y posible revelación de secretos, al colaborar en el libro de su esposa sobre el juicio, y de manipulación política, al hacer una presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia. Vergüenza sobre vergüenza.

YO ACUSO a los jueces Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás de negligencia profesional, al suscribir los graves errores materiales de carácter fáctico incluidos en la sentencia, al respaldar las inconsecuencias del ponente en relación al resultado de la pericia de explosivos y al respaldar pasivamente su presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia.

YO ACUSO a la fiscal del caso, Olga Sánchez, y a su superior directo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de negligencia profesional e incumplimiento de las obligaciones que se derivan del Estatuto del Ministerio Público al impulsar una investigación unidireccional, ceñida a la conveniencia del Gobierno, y desdeñar el valor probatorio de la evidencia científica mediante expresiones como: «En los trenes estalló Goma 2 ECO y vale ya» o «Da igual el explosivo que se utilizara».

No, no da igual el explosivo que se utilizara porque si, tal y como se deduce del riguroso trabajo del químico Antonio Iglesias, lo que estalló fue Titadyn, es muy probable que algunos inocentes hayan sido condenados y no cabe duda de que hay grandes culpables en libertad, pues nadie ha sido juzgado y condenado por suministrar este explosivo.

No, no vale ya. Por seguir ciñéndome a la estructura e incluso a las palabras literales de aquel artículo de Zola, en cuanto a estos 18 funcionarios públicos a los que acuso, «debo decir que ni les conozco, ni les he visto nunca, ni siento particularmente por ellos rencor ni odio. Les considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí no es más que un medio revolucionario [yo elegiría un adjetivo más modesto, pues, no en vano, la democracia ha progresado en los 111 años transcurridos] de activar la explosión de la verdad y de la justicia».

Zola concluía de forma impactante y melodramática: «Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad que ha sufrido tanto y tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente».

Yo suscribo ese mismo espíritu de lucha por la verdad y, por supuesto, como siempre, asumo las consecuencias de la libre expresión de estas opiniones. Pero, dicho sea con toda franqueza, aspiro a que los juzgados sean ellos.

Yo sólo puedo acusarles ante el tribunal de la opinión pública pero confío en que todos estos indicios, pruebas y argumentos estimulen a quienes están legitimados para ello a iniciar las acciones pertinentes para que todas o al menos algunas de estas 18 personas deban rendir cuentas de sus actos en el plano profesional, administrativo o eventualmente penal. Sólo procediendo contra ellos podremos ahora recorrer el camino inverso de las piedras de Pulgarcito hacia el origen de los hechos y las fuentes de la verdad.

«Así lo espero».

El revés que para la versión oficial del 11-M supuso la sentencia de la Audiencia Nacional estuvo a punto de resultar, en realidad, un cataclismo. Una semana antes de hacer público el fallo, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, rectificó dos elementos esenciales que hubieran hecho tambalear la versión presentada por la Fiscalía.

A finales de octubre de 2007, el presidente de la Sala de lo Penal transmitió confidencialmente a un magistrado tres aspectos clave del fallo referidos a la autoría intelectual, los explosivos y la posible responsabilidad penal de algunos funcionarios. Pero lo que salió adelante fue un plan B donde sólo sobrevivió la ausencia de autores intelectuales.

Por el contrario, un minero asturiano y su explosivo cargaron con los muertos del 11-M y ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad tuvo que afrontar investigación alguna.

Las confidencias incumplidas del presidente del tribunal constan en Titadyn (La Esfera de los Libros), en el que el vicedirector de este diario, Casimiro García-Abadillo, prologa el macroinforme sobre los explosivos del 11-M elaborado por uno de los peritos que actuó para el tribunal, el químico Antonio Iglesias.

«Una semana antes de que se comunicara públicamente la sentencia, Gómez Bermúdez le transmitió confidencialmente a un magistrado tres conclusiones de la misma: 1. No se establecería la autoría intelectual del atentado, en contra de lo que sostenía la Fiscalía. 2. Habría deducciones de testimonio para algunos mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 3. El minero Suárez Trashorras no sería condenado como responsable de los atentados, sino sólo por tráfico de explosivos».

«Esta información», prosigue, «se la hizo llegar al director de EL MUNDO una tercera persona, que nos pidió mantenerla en secreto hasta el día 31 de octubre. Así lo hicimos. Posteriormente yo mismo he tenido la ocasión de comprobar con la fuente que, en efecto, ésa era la intención del ponente a tan sólo una semana de hacer pública la sentencia».

Sin embargo, sólo uno de esos puntos, el de los autores intelectuales, sobrevivió a las intensas jornadas que precedieron a la presentación pública de la sentencia. Las otras dos no se cumplieron. Lo cierto es que si hubieran recibido la rúbrica del tribunal -completado por Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás-, el revolcón a la teoría mantenida por el Ministerio Público habría sido mayúsculo.

«Al menos dos de esas conclusiones (la segunda y la tercera), que hubiesen supuesto un varapalo fundamental para el escrito de conclusiones de la Fiscalía y que habrían puesto en tela de juicio la labor de investigación de destacados mandos policiales, tenían que ver con los explosivos».

«Si el explosivo utilizado por los terroristas no queda demostrado que fuera Goma 2 ECO, el papel de Suárez Trashorras quedaba reducido al de mero proveedor del mismo a la banda de El Chino. Eso habría permitido su condena por tráfico y no por asesinato múltiple».

En cuanto a las deducciones de testimonio, el propio desarrollo del juicio pareció hacerlas inevitables. Sin embargo, el tribunal hizo mutis por el Supremo y se las sacudió de encima alegando que antes de ponerse a ello hacía falta esperar a ver qué daba por probado el Alto Tribunal. El Supremo se pronunció, pero el tribunal de la Audiencia Nacional no volvió a hacerlo.

Las víctimas, decepcionadas, han recordado en muchas ocasiones que Gómez Bermúdez les había asegurado que algunos testigos irían «caminito de Jerez». Es decir, procesar a destacados mandos por delitos como falsedad en documento público, falso testimonio, ocultación o manipulación de pruebas, etcétera. «Yo mismo he oído al juez Gómez Bermúdez pronunciar esa frase y no me cabe ninguna duda de que ésa era su voluntad», añade García-Abadillo en Titadyn. La lista de nombres tenía claros candidatos: el ex jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano; la químico que hizo los primeros análisis; el coronel de la UCO Félix Hernando y el subordinado que era el contacto del confidente Zouhier; el jefe de la UCAO, Domingo Castaño, y el instructor de las diligencias policiales sobre el 11-M. Así lo reclamaban las acusaciones.

Pero hubo sentencia y no hubo nada. Emilio Suárez Trashorras y su explosivo asturiano se llevaron 40.000 años de prisión y ningún mando policial encontró su nombre en el fallo.

Entonces, ¿qué pasó? García-Abadillo ofrece dos explicaciones: la malévola y la probable. La primera sostiene «que el Gobierno, primer interesado en una sentencia que se pareciera lo más posible a las conclusiones de la Fiscalía, le ofreciera algo relacionado con su carrera profesional. ¿Tal vez el apoyo ante nuevos recursos para arrebatarle la presidencia de la Sala de lo Penal? ¿Quizás la presidencia de la Audiencia? No creo que Gómez Bermúdez se haya dejado comprar tan burdamente, a pesar de que su esposa, Elisa Beni, en su libro La soledad del juzgador, deja entrever diversas presiones y mensajes más o menos sugerentes».

Sin embargo, la respuesta más verosímil es otra. «El juez, probablemente, actuó a sabiendas de que su sentencia, tal y como la redactó, sería bien recibida por el Gobierno. Gómez Bermúdez parece que mantuvo contactos con Rubalcaba, pero que su relación con él no era fluida. Sin embargo, sí lo era con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, con la que mantuvo diversas conversaciones. Beni, en el libro ya mencionado, cita un encendido halago de Fernández de la Vega a su marido».

En cualquier caso, ambas interpretaciones se desarrollan en el mismo escenario. «Es duro ir contra las tesis que han justificado lo injustificable. Era, en efecto, muy duro cuestionar un relato de los hechos que ha sustentado la verdad oficial sobre el 11-M, y habría sido aún más duro sentar en el banquillo a algunos de los que hicieron posible una compleja operación de encubrimiento sobre lo ocurrido».

El presidente del tribunal no sólo reculó en dos encrucijadas de la sentencia, sino que aprovechó la inercia de su presentación televisada para arremeter contra algunas de las informaciones publicadas en este diario. «Si la sentencia fue un jarro de agua fría para los que esperábamos un veredicto más acorde con el desarrollo de la vista oral, la presentación que hizo el propio Gómez Bermúdez de la misma fue una agresión injustificada y sin precedentes a un medio de comunicación (EL MUNDO), justo el que más había defendido la actuación del magistrado frente a los ataques de los que le veían demasiado remiso a aceptar el relato y las teorías creativas de la Fiscalía».

Esa inaudita presentación fue, además, cosecha exclusiva del propio Bermúdez: «El escrito que leyó el ponente ante los periodistas, en el que se daba una visión subjetiva y sesgada del fallo del tribunal, ni siquiera fue consensuado con los otros dos miembros de la Sala. Con posterioridad tuve la oportunidad de preguntarle a Alfonso Guevara si Gómez Bermúdez les había enseñado a él y a Fernando García Nicolás el escrito que leyó ante los medios. 'No. Para mí fue una sorpresa. Nos dijo que iba a leer unas conclusiones, pero no nos enseñó el escrito'».

Un magistrado que conoce bien al presidente de la Sala de lo Penal interpreta así lo ocurrido: «'Lo que hizo con su incomprensible presentación pública fue buscar el apoyo de los medios que él sabía que iban a aplaudir las críticas implícitas a EL MUNDO para que no le machacaran a él por una sentencia incómoda para las tesis oficiales. De alguna forma, utilizó a EL MUNDO como parapeto frente a esas críticas'».

Contando con el margen de discrecionalidad que proporciona el derecho, otra persona que lo conoce bien considera que el magistrado actuó «teniendo en cuenta sus intereses». «Es decir, no creo que hiciera nada que él creyera contrario a sus convicciones, pero pensó en la repercusión de la sentencia y actuó en consecuencia», añade.

El caso es que el resultado de lo sucedido en aquel final de octubre fue que «el hombre que había despertado las mayores expectativas respecto al conocimiento de la verdad sobre el 11-M no sólo avaló una sentencia que traicionaba su propio criterio (expresado, como ya se ha dicho, días antes de manera confidencial), sino que utilizaba el día de su presentación para atacar al medio que más había trabajado para aportar nuevos datos a la investigación».

Con ser llamativo, la repercusión sobre el trabajo de este periódico no era lo más relevante. «Con su cambio de posición, Gómez Bermúdez no sólo traicionó a los que esperábamos una actitud más valiente: ha dejado a las víctimas sin amparo en su justo deseo de conocer la verdad y, sobre todo, se ha traicionado a sí mismo».

Es ahí donde adquiere su sentido la decisión del perito Antonio Iglesias de revisar todos los datos y análisis reunidos en los tres meses y medio de macropericial. «Abre una nueva esperanza para conocer la verdad. Utilizo las propias palabras de Gómez Bermúdez recogidas en una reveladora entrevista que le hizo Esther Esteban en octubre de 2006: 'Todavía hay algún asunto del GAL coleando. Y lo mismo ocurrirá con el 11-M. Siempre que aparezca un hecho nuevo, con independencia de que aparezca antes, durante o después del juicio, se podrá abrir una nueva investigación. Ése es el sistema procesal español. Estoy seguro de que se descubrirá la verdad, se tarden más o menos años'. Que así sea».

Búsqueda genuina de la verdad

El malabarismo final con el quita y pon de la sentencia llegó tras 57 jornadas de juicio que merecieron el elogios unánimes para el presidente. «Gómez Bermúdez actuó desde el principio como un auténtico director de orquesta», afirma García-Abadillo en 'Titadyn'. «Dio muestras de conocerse el sumario mejor que nadie. Manejó con autoridad los interrogatorios. Cortó a la fiscal Sánchez cuando creyó que se estaba sobrepasando, generando momentos de gran tensión en la sala, siempre atestada de gente».

Al menos en esa fase de juicio oral -antes de ponerse a rumiar todas las teclas de la sentencia y lo que desataría cada una de ellas-, la intención parecía encomiable. «Creo honestamente que Gómez Bermúdez llevó a cabo una labor difícil de superar durante la vista oral. No es nada fácil mantenerse siempre atento a todo durante muchas horas y días seguidos, sin perder la calma, sabiendo mantenerse siempre en su sitio, sin abusos, sin perder la compostura. Y creo que su forma de dirigir la vista oral implicaba un deseo genuino de saber la verdad, dentro de los límites lógicos en los que se podía mover y que venían marcados por un sumario lleno de lagunas».

Todo ello, además, en unas circunstancias que nunca se habían producido. Fue un juicio televisado durante el que Gómez Bermúdez estuvo abierto a hablar con todos los medios, incluidos los que poco antes habían arremetido contra él por sugerir que podía haber una sentencia «abierta». «Estábamos ante un comportamiento insólito. Ciertamente, con habilidad y saber hacer, Gómez Bermúdez se convirtió en una estrella mucho más luminosa que el hasta entonces único astro de nuestro universo judicial, Baltasar Garzón».

Un cargo tambaleante

Gómez Bermúdez llegó al primer día de juicio del 11-M con su cargo «en precario», como recuerda García-Abadillo. Sobre su nombramiento como presidente de la Sala de lo Penal pendía la amenaza de una nueva anulación -para entonces ya llevaba dos-, que sin bien no hubiera afectado al juicio sí hubiera creado una situación delicada. De hecho, Gómez Bermúdez presidió el tribunal del 11-M sencillamente porque él mismo, como presidente de la Sala, quiso hacerlo, y no porque le correspondiera.

El libro de su esposa recoge una protesta al respecto. «¿Y no se podrá, alguna vez, trabajar rodeado de la serenidad necesaria? ¿No será posible...?», dijo cuando supo en mayo de 2007, en pleno juicio, que el fiscal apoyaba la anulación de su nombramiento.

La primera anulación fue consecuencia del recurso de otro candidato de la Audiencia, el magistrado José Ricardo de Prada. La segunda se debió a un recurso presentado por su también compañero de sede judicial Baltasar Garzón, que aspiraba al puesto. El tercer nombramiento volvió a ser recurrido por De Prada por dos vías, una de las cuales contó con el apoyo fiscal. El ciclo de

El informe Iglesias concluye que el explosivo que cambió la investigación del 11-M y la muestra patrón enviada por Manzano tienen el mismo origen. El químico llegó a este resultado al comprobar la similitud en la granulación de las muestras sometidas a la prueba del almidón. Desmonta las explicaciones oficiales que justificaban que en ambas muestras apareciera metenamina, un compuesto ajeno a la Goma 2.

El explosivo encontrado en la furgoneta abandonada por los terroristas del 11-M y la muestra patrón de Goma 2 ECO entregada por los Tedax para hacer una comparativa provenían del mismo cartucho o, al menos, habían estado almacenados juntos antes del atentado. Ésa es una de las conclusiones a las que llega el experto químico Antonio Iglesias, que participó en la pericial ordenada por el tribunal del 11-M y que ha elaborado un macroinforme tras revisar todos los análisis sobre los explosivos.

El experto químico llega a esa conclusión basándose en dos datos esenciales. El primero, la aparición en ambas muestras de explosivo de una misma sustancia llamada metenamina, ajena a la composición original de la Goma 2 ECO pero presente en algunos explosivos de tipo militar. El segundo, la similitud de los gránulos de almidón que aparecen tras someter las muestras a una técnica analítica concreta (microscopia óptica y tinción). La huella que dejan es tan parecida que sólo puede explicarse por el origen común de ambos explosivos.

La consecuencia de todo ello, de acuerdo con el informe Iglesias, es «que el resto de explosivo encontrado en la Kangoo, según la versión oficial, y la muestra patrón [...] o provenían del mismo cartucho o, al menos, habían estado juntas almacenadas en el mismo recinto», y que en este lugar de almacenamiento había metenamina.

Cualquiera de las dos hipótesis planteadas por el experto supone anular la credibilidad del hallazgo que dio un vuelco a la investigación, ya que sitúa el origen del explosivo de la Kangoo en los almacenes de la unidad dirigida entonces por el comisario Juan Jesús Manzano. En las primeras horas tras el atentado, el hecho de que el explosivo fuera Goma 2 restó credibilidad a la tesis de la autoría etarra y encarriló la investigación hacia el terreno islamista.

Así lo expone Iglesias en su informe: «Se comprende fácilmente que admitir cualquiera de estas dos posibilidades comprometía la autenticidad del sumario y/o la actuación de los Tedax. [...] El que las muestras M-2 [restos de la Kangoo] y M-3 [muestra patrón] pudieran haber estado juntas o proceder del mismo cartucho apuntaría claramente a la falsedad de la prueba del resto de cartucho aparecido según la versión oficial en la furgoneta Kangoo».

El día 11 de marzo de 2004, la Policía Científica analizó dos muestras de explosivo. Una correspondía a lo encontrado en la Renault Kangoo abandonada por la célula terrorista junto a la estación de Alcalá de Henares. Eran 3,221 gramos de una sustancia blanquecina adherida al extremo de un cartucho, identificada como muestra M-2. La otra eran algo más de 100 gramos de una muestra patrón de Goma 2 ECO aportada directamente por los Tedax con el objetivo de compararla con la primera e identificada como muestra M-3.

El análisis ofreció un resultado idéntico en ambas muestras. Idéntico hasta en lo que no debía serlo. Aparecieron los elementos propios de la Goma 2 ECO (nitrocelulosa, nitroglicol, nitrato amónico, ftalato de dibutilo, carbonato cálcico), pero también, y en ambas muestras de origen supuestamente diferente, un componente ajeno, la metenamina.

De acuerdo con el informe, el peligro que la metenamina suponía para la versión oficial llevó a la Guardia Civil a esforzarse por «justificar» su aparición. En primer lugar, se pensó «razonablemente» que podía haberse producido una contaminación en la fábrica. Sin embargo, Unión Española de Explosivos informó de que no usaba la metenamina y facilitó al Instituto Armado muestras de todas sus materias primas para que ellos mismos lo comprobaran.

Descartada esa posibilidad, las Fuerzas de Seguridad sometieron la Goma 2 a múltiples pruebas hasta que concluyeron que «la combinación de algunos componentes que constituyen el explosivo, utilizando metanol como medio de reacción, da lugar en el cromatógrafo de gases a la metenamina». Es decir, que la metenamina no formaba parte de las muestras, sino que se generó al analizarlas.

Iglesias mantiene que, pese al «claro empeño» que pusieron en ello, ni el policía que dirigió la pericial ordenada por la Audiencia Nacional ni los agentes de la Guardia Civil que participaron en ella lograron demostrar que eso fuera así. Además de exponer numerosas objeciones técnicas a la explicación, recuerda que «no consta, a día de hoy, la existencia de ninguna publicación científica que avale» la teoría mantenida durante el juicio por la Fiscalía.

Y añade que incluso esa versión oficial, correctamente interpretada, reforzaría el origen común de las dos muestras de explosivo. «Si admitiéramos, sólo a efectos dialécticos, que la metenamina se forma a partir de nitrato amónico, el hecho de que no se forme siempre y sí precisamente con las citadas muestras números 2 y 3 sugeriría que esas dos muestras llevan en su composición un mismo tipo de nitrato amónico, lo que supondría un indicio -uno más- de que provendrían del mismo cartucho».

Pese a que las Fuerzas de Seguridad restaron importancia a la aparición de la metenamina, lo cierto es que entre sus usos se encuentra la de servir de materia prima para la fabricación de explosivos de tipo militar RDX (exógeno, ciclonita, T4). Por ello, Iglesias considera como tesis más plausible para explicar la aparición de la metenamina que las dos muestras hubieran estado «en contacto probablemente con el explosivo RDX del cual, como hemos visto, es su precursor o materia prima para su fabricación. Independientemente de que este explosivo fuera utilizado o no en la voladura de los trenes».

El perito Antonio Iglesias revela que el principal argumento técnico de la sentencia es falso porque el DBP que se atribuye en exclusiva a la Goma 2 ECO también apareció en el Titadyn de Cañaveras. Insiste en que, sin embargo, tanto la nitroglicerina como el DNT detectados en el único resto de los focos que pudo ser analizado, son componentes del Titadyn y en ningún caso de la Goma 2 ECO. Ha revisado durante un año todas las analíticas de los explosivos y ha hecho un informe de 500 páginas que ha depositado en el Colegio de Químicos para someterlo a controversia entre sus colegas.

Uno de los expertos químicos que analizó para el tribunal del 11-M los restos de las explosiones ha elaborado un exhaustivo informe que descarta que los terroristas empleasen la dinamita robada por la trama asturiana y afirma que, en al menos uno de los focos estalló algún tipo de Titadyn.

El macroinforme del perito Antonio Iglesias considera «altamente probable» que la mochila bomba de uno de los focos de la estación de El Pozo, el número tres, contuviera Titadyn. Para llegar a ésa y otras conclusiones relevantes, repasa a lo largo de casi 500 páginas todos los análisis de la pericial efectuada en el laboratorio de la Policía Científica, en un informe registrado ya en el Colegio Oficial de Químicos de Madrid.

Iglesias participó en la pericial a solicitud de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Junto a él, otros tres expertos designados por las acusaciones y defensas acompañaron a dos policías y dos guardias civiles. En total, ocho peritos para un informe que debía paliar las graves consecuencias de la deficiente actuación del ex responsable de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano.

En ese repaso de material, el experto se ha topado con un dato que desbarata un argumento con el que el tribunal llegó a la convicción de que en todos los focos había explosionado la Goma 2 ECO robada por Emilio Suárez Trashorras para la célula islamista.

La sentencia de la Audiencia Nacional destacó que «en todos» los focos analizados por los expertos se detectó dibutilftalato (también conocido como ftalato de dibutilo y DBP). De acuerdo con los datos manejados entonces por los expertos y el tribunal, esa sustancia formaba parte de la Goma 2 ECO, pero no del Tita- dyn. De ahí que la Sala diera por probada la presencia de Goma 2 ECO en todos los focos y sólo dejara entreabierta la puerta a que, además, pudiera estar mezclada con otro explosivo.

Sin embargo, el informe Iglesias demuestra que ese mismo elemento también forma parte del Titadyn al que supuestamente descartaba. De hecho, estaba presente en el explosivo de esa marca incautado a ETA apenas dos semanas antes de la masacre en la furgoneta interceptada en Cañaveras.

Entre las órdenes del tribunal a los ocho expertos se encontraba la de analizar una muestra de Titadyn, ante la sospecha de que pudiera ser uno de los explosivos empleados en los trenes. Y sí contenía DBP.

«Sorprendentemente, no habíamos reparado en este hecho durante la pericia. Me he dado cuenta de ello revisando cromatogramas del informe pericial», afirma el experto en el apartado del informe dedicado a la comparativa de dinamitas.

El dato no se conoció durante el juicio porque, en la gráfica que reflejaba los resultados, lo que debería corresponder al dibutilftalato aparecía «marcado de forma genérica» como ftalato. Algo que, según el experto, o bien pasó «desapercibido» o bien «fue soslayado» por el director de la pericia.

La supuesta ausencia del DBP en el Titadyn sirvió a los defensores de la versión oficial para contrarrestar la aparición de dos sustancias -nitroglicerina y dinitrotolueno (DNT)- que no formaban parte de la Goma 2 ECO robada en Asturias. La Policía intentó explicar esa incongruencia con sucesivos razonamientos, desde la contaminación en fábrica hasta la contaminación durante el almacenamiento de las muestras.

En paralelo a lo sucedido con el DBP, la sentencia resaltaba la aparición de un segundo componente (el nitroglicol), que también pertenecía en exclusiva a la Goma 2 ECO. Sin embargo, la tabla de componentes reflejada en el macroinforme indica que también forma parte de todos los tipos de Titadyn.

La presencia de ambos elementos (nitroglicol y DBP) llevó a la Sala a concluir, «siguiendo un razonamiento lógico» -palabras de la sentencia-, que la Goma 2 ECO estuvo presente en todos los focos.

Iglesias, teniendo en cuenta la presencia del DBP en el Titadyn, confirma lo que ya apuntaba en las observaciones que incorporó al informe pericial entregado al tribunal: la presencia de ese tipo de dinamita en al menos un foco del 11-M.

La muestra que analizaron eran 3,5 gramos de polvo de extintor de color rojizo recogidos junto a uno de los vagones. Los expertos coincidieron en que esa muestra, designada como M-1, tenía un «especial interés analítico», puesto que reunía las mejores características para ofrecer resultados de garantía. No sólo actuó como absorbente de las sustancias que estallaron, sino que era la única muestra que los Tedax no habían lavado en sus análisis iniciales.

El informe señala que «la presencia conjunta» de cuatro componentes en la muestra M-1 «permite discriminar el tipo de dinamita utilizado en el foco de donde fue extraída». Dos de esos elementos son comunes tanto a la Goma 2 ECO como al Titadyn (nitrato amónico y ditritoetilénglicol). Otros dos, en cambio, «no forman parte de la Goma 2 ECO y sí del Titadyn» (el dinitrotolueno y la nitroglicerina). «Ante estos hechos [...] consideramos altamente probable que en el foco nº 3 de El Pozo haya estallado Titadyn», concluye.

Más adelante, el experto rechaza la interpretación del policía jefe de la pericia de que la cantidad de nitroglicerina era tan baja que no podía considerarse como un elemento del explosivo que estalló, sino producto de la contaminación durante su almacenaje. «Lo lógico es deducir que la nitroglicerina detectada y confirmada inequívocamente [...] proviene de un explosivo que contenía, no a nivel de trazas, sino en una proporción mucho más elevada, la que corresponde a las especificaciones de las dinamitas que llevan nitroglicerina en su composición», rebate.

Al margen del exhaustivo análisis de esa muestra clave, Iglesias también repasa todas las pruebas realizadas a las otras 13 muestras de los focos que llegaron a sus manos. A su juicio, «la nota más destacada» es la aparición en todos los casos del DNT, ajena a la composición de la Goma 2 ECO. «La conclusión que de ello se desprende es que ha estallado un explosivo distinto de la Goma 2 ECO, ya que ésta no lleva DNT en su composición. En cambio, sí lo lleva el Titadyn». A ello se añade la mencionada aparición de nitroglicerina en la muestra número 1, que también lleva a considerar «altamente probable» que lo que estallase fuera Titadyn.

APOYO

Tres dinamitas, 21 muestras

El informe Iglesias incorpora decenas de gráficos obtenidos por los peritos en los cientos de análisis que efectuaron, así como otros que sirven como resumen. El gráfico superior indica los elementos detectados en las 21 muestras de los focos. El inferior señala los elementos que forman parte de cada tipo de dinamita. Entre ellos no aparece el dibutilftalato, pero el contenido del informe sí lo señala como un componente del Titadyn que les fue encontrado a los etarras de Cañaveras. En la foto se muestra a dos policías recogiendo muestras de uno de los focos de El Pozo que nunca llegaron al juzgado. La imagen acompaña a un escrito que la abogada de las víctimas Manuela Rubio presentó hace dos meses ante la Audiencia.

APOYO

Lo que conduce al Titadyn

>Dos sustancias que forman parte del Titadyn (nitroglicerina y dinitrotolueno), pero no de la Goma 2 ECO robada en Asturias, aparecieron al analizar la muestra mejor conservada, denominada M-1.

>El tribunal concluyó que se había usado Goma 2 ECO porque en todas partes aparecía un elemento (el dibutilftalato), que formaba parte de ese explosivo, pero no del Titadyn. Reexaminada toda la analítica, el experto ha detectado que también el Titadyn contiene ese elemento.

> A juicio de Iglesias, «la nota más destacada» de los análisis es la aparición de DNT, que no forma parte de la Goma 2 ECO, pero sí del Titadyn.

Los días 20 y 22 de junio de 2004 grabó a Daoud Ouhnane saliendo de una casa de Santa Coloma, conocida como la 'Fortaleza de los Guerreros' - Un mes antes, Interior había distribuido su foto haciendo constar que sus huellas estaban en la bolsa con restos de explosivos hallada en la Kangoo - Una testigo dijo en el juicio del 11-M que vio a Ouhnane en los trenes, su ADN apareció en la casa de Morata y sus efectos personales en el piso de Leganés
MANUEL MARRACO

Madrid

Tres meses después del 11-M, la Policía grabó en vídeo a un presunto autor material de la masacre, que ya se encontraba en busca y captura «por asesinato terrorista», en un domicilio de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) vigilado por las actividades islamistas de sus inquilinos. Se trata de Daoud Ouhnane, el principal fugitivo de la matanza por la contundencia de las pruebas que pesan contra él. De hecho, fue reconocido, años después, durante el juicio del 11-M como uno de los islamistas que subió a los trenes.

La Fiscalía aportó hace unas semanas las imágenes durante la vista de la operación Tigris para demostrar que los acusados en ese caso dieron cobijo en ese edificio -que conocían como Alkalaa (la Fortaleza de los Guerreros)- a este autor de la matanza cuando huyó de Madrid. El propio Ministerio Público identifica en ellas al argelino Daoud Ouhnane.

Sobre las imágenes aparecen las fechas en las que se captaron: junio de 2004. Las Fuerzas de Seguridad ya conocían entonces el rostro de Ouhnane, puesto que desde un mes antes Interior había difundido su nombre y su fotografía -que fue publicada en todos los periódicos para dificultar sus movimientos en vísperas de la Boda Real- haciendo hincapié en que sus huellas habían aparecido en la furgoneta Kangoo.

El 20 de mayo de 2004, un informe de la Policía determinaba que a Daoud Ouhnane pertenecían las dos huellas que aparecieron sobre una bolsa azul de plástico que contenía los detonadores y restos de explosivo que fueron encontrados el 11 de Marzo en la Renault Kangoo aparcada frente a la estación de Alcalá de Henares.

Este indicio se sumaba a otros muy claros que ya se conocían entonces: el ADN de Ouhnane fue hallado en la casa de Morata de Tajuña en la que se habrían montado las bombas, donde las llamadas de su teléfono móvil lo sitúan en las noches previas a la matanza, y en el desescombro del piso de Leganés en el que se suicidaron siete islamistas aparecieron documentos y efectos personales a su nombre. Su rastro estaba en todos los escenarios del crimen, pero su cadáver no se encontró entre los de los suicidas.

«La Policía identifica a un nuevo implicado en el 11-M y distribuye su foto por Madrid», tituló EL MUNDO el 21 de mayo de 2004.La información incluía la misma fotografía de Daoud Ouhnane que se ve sobre estas líneas, identificado con nombre y apellidos.

Un mes más tarde, a las 13.33 horas del 20 de junio, la Brigada Provincial de Información de Barcelona grababa al argelino saliendo del número 20 de la calle de Sant Francesc, en Santa Coloma.Dos días después, volvía a captar su imagen, esta vez a las 9.05 horas, de nuevo saliendo del domicilio.

Todos los inquilinos del inmueble, -al que llamaban Alkalaa (la Fortaleza de los Guerreros), según la Policía- fueron detenidos en junio de 2005 en las operaciones Tigris y Sello. Interior informó de que los detenidos habían montado una red que se encargaba del adoctrinamiento, reclutamiento, financiación y envío de terroristas a Irak (operación Tigris) y que algunos de los arrestados había dado cobertura a fugitivos del 11-M (operación Sello).

Hace unas semanas, en el juicio derivado de esas operaciones, la fiscal Dolores Delgado pidió que se incorporaran a la causa las tres declaraciones policiales de un marroquí llamado My Mohamed Idriss Hachim, que fue arrestado en octubre de 2008 en la operación Amat, y puesto en libertad días más tarde. En la parte de los interrogatorios dedicada a los reconocimientos fotográficos, se incluían seis fotogramas de la puerta del piso vigilado. En tres de ellos, Idriss Hachim reconoce a Ouhnane.

En la transcripción de la declaración prestada el 27 de mayo de 2008, Idriss Hachim señala que en la fotografía número 20 reconoce «a dos personas, una como Daoud [Ouhnane] y a otra como a él mismo, momentos antes de ir a la estación de Francia, saliendo de la casa de la calle de San Francesc, número 20». Se trata de la imagen tomada el 20 de junio. En la número 24, fechada dos días más tarde, vuelve a reconocer a Ouhnane saliendo del domicilio.

Sobre Ouhnane, explica que llegó a la casa entre abril y mayo, y que durmió allí dos o tres días. En una ocasión, le acompañó a la estación de Francia de Barcelona para comprar un billete de tren para el día siguiente a una localidad que no recuerda, pero que estaría situada a unos 250 kilómetros. Volvió a verle por la casa un mes después. La Fiscalía conocía este testimonio y las imágenes de Ouhnane saliendo de Alkalaa, pero no los incorporó al sumario de la operación Tigris, sino que lo aportó con el juicio ya comenzado.

La declaración de Idriss Hicham coincide en parte con la que ofreció durante el juicio del 11-M el islamista Kamal Ahbar, uno de los principales acusados por la operación Tigris e inquilino durante meses de la Fortaleza de Santa Coloma.

Ahbar testificó que Ouhnane puso dos mochilas bomba en los trenes de Madrid y que, luego, huyó hacia Pamplona -el rastro de su teléfono móvil lo sitúa en la localidad navarra de Corella al día siguiente del 11-M- para llegar a Santa Coloma en abril.Después, ambos habrían viajado juntos a Turquía y a Siria, desde donde Ouhnane habría ido a Irak para participar en atentados suicidas. Según Ahbar, murió allí el 7 o el 8 de junio de 2005.

La policía norteamericana también mantiene la tesis de que Ouhnane murió en Irak tras participar en un atentado suicida, pero no ha podido comprobarse de manera fehaciente. En el auto de conclusión del sumario del 11-M, Del Olmo daba cuenta de la creación de una pieza separada para seguir el rastro de los huidos -a los que el juez considera «un factor personal determinante en la secuencia que llevó a los atentados del 11 de marzo de 2004»- y de los siete ADN sin identificar que fueron hallados en varios escenarios de la matanza.

En el marco de estas pesquisas, en 2007 fue identificado otro de los huidos que permanecían sin nombre: Abdelilah Hriz, que también habría pasado por ese piso de Santa Coloma. Hriz acaba de ser condenado a 20 años de cárcel en Marruecos. Otro de los detenidos en la Fortaleza fue Mohamed Larbi ben Sellam, condenado a 12 años en el juicio del 11-M.

«Hace tres años que lo busco»

La de Daoud Ouhnane fue, probablemente, la identificación más contundente de las que se ofrecieron en el juicio del 11-M. Quizá, porque no estaba en el guión. La fiscal Olga Sánchez citó a la testigo protegido B-78 porque se suponía que debía ser su principal prueba de cargo contra el acusado Basel Ghalyoun; pero a quien reconoció como uno de los responsables de poner bombas en el tren que estalló en Téllez fue a Daoud Ouhnane.

«Este [Basel Ghalyoun] es muy blanco. Se parece, pero no es tan moreno como el chico que estaba en el tren. Aquel era muy joven, moreno y de estatuta normal. Ahora estoy segura de quién es.Hace tres años que estoy buscando a esa persona, andando por las calles y mirando las caras de la gente. En ese momento, tuve dudas porque no estaba bien, estaba nerviosa y asustada», dijo la testigo, que sacó un ejemplar del libro de Casimiro García-Abadillo '11-M. La Venganza' y señaló una de las fotografías que aparecen en el volumen. La de Ouhnane.

«¿Está segura?», le preguntó la fiscal. «Sí, estoy segura [...].Ahora no tengo ninguna duda», respondió la testigo.

Un rostro imposible de confundir

Sobre estas líneas aparecen las imágenes que la Fiscalía aportó en el juicio de 'Tigris', tomadas a partir de las grabaciones efectuadas por la Policía en la 'Fortaleza' de Santa Coloma. En ellas se distingue a Daoud Ouhnane, con la fecha y la hora sobreimpresionadas. Aunque se trata de una fotocopia -los agentes trabajaron sobre una grabación que se supone en color-, se observa sin dificultad que se trata del mismo individuo de la foto de carné de al lado, que fue la que Interior distribuyó de Ouhnane un mes antes.

La UGT pagó a Garzón 12.000 euros por dar una charla

En Avilés, sólo asistieron 100 personas y el juez repitió su conferencia, de una hora, mes y medio después en México

De JOAQUIN MANSO, en El Mundo del lunes 16 de marzo del 2009

La Fundación Asturias, del sindicato UGT, pagó 12.000 euros al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por una conferencia en Avilés que duró 60 minutos. También sufragó los gastos de viaje del magistrado -ida y vuelta en business con Iberia en el mismo día- y una comida en el restaurante del Real Balneario de Salinas, con una estrella Michelín.

La conferencia se desarrolló el 13 de septiembre de 2007 bajo el título Libertad y seguridad. Los retos para una nueva ciudadanía.Mes y medio después, Garzón ofreció otra en México con el mismo título y contenido.

EL MUNDO ha tenido acceso a los documentos y facturas que revelan los datos del viaje del juez a Asturias, su estancia y los pagos por la charla, que la fundación ugetista que preside el senador socialista José Antonio Alonso abonó por adelantado, en tres plazos.

El caché de Garzón en la Escuela Internacional de Verano que organizan el sindicato y la Universidad de Oviedo se estableció en 12.000 euros, más 3.000 para el intermediario y los gastos de viaje y manutención de Garzón y su guardaespaldas.

Además de sus conferencias en el extranjero -Garzón ofreció 18 en 2007-, el magistrado pronuncia un gran número al año en España con un caché variable, aunque habitualmente en torno a los 10.000 euros por una hora de charla. Según las fuentes del sector consultadas por este periódico, se trata de una cotización bastante elevada y muy superior a la que recibe la inmensa mayoría de ponentes.

El jueves 13 de septiembre de 2007, Garzón abandonó con un ligero adelanto la Audiencia para tomar a tiempo el vuelo de Iberia que salía de Barajas a las 13.45 horas a Ranón (Asturias), donde llegó a las 14.50.

El magistrado viajó en el asiento 1A -el más adelantado de la cabina, junto a la ventana- acompañado por un guardaespaldas.Los dos en business class.

Tras tomar tierra en el Principado, un vehículo desplazó a Garzón hasta la cercana playa de Salinas, a cuyo pie se encuentra el restaurante Real Balneario, una de las cumbres de la alta cocina asturiana, valorado con una estrella Michelín. Allí disfrutó de un almuerzo de recepción con la plana mayor de UGT Asturias, encabezada por su secretario general, Justo Rodríguez Braga.

El magistrado compartió mesa con otros 11 comensales, entre ellos la alcaldesa socialista de Avilés, Pilar Varela, y el ex presidente del Principado y delegado del Gobierno Antonio Trevín, también del Partido Socialista.

A las 17.00 horas, Garzón pronunció su conferencia Libertad y Seguridad. Los retos para una nueva ciudadanía en el hotel cinco estrellas NH Palacio de Ferrera de Avilés, en cuyos jardines se rodaron algunas de las secuencias más recordadas de la película de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona. Según el texto de la ponencia, que UGT colgó después en su web, el magistrado utilizó una cita de Benjamin Franklin para sostener su tesis («aquéllos que anteponen la seguridad a la libertad no tienen derecho ni a la seguridad ni a la libertad»). Argumentó que «es muy difícil mantener el discurso de que hay que defender los Derechos Humanos de primera categoría cuando no se acude a la defensa y promoción de los de segunda categoría [los sociales]», y razonó que las personas que forman parte de los poderes del Estado son «el espejo en el que los ciudadanos se van a reflejar».

El juez pronunció un mes y medio después, el 31 de octubre de 2007, otra conferencia en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México) con idéntico título: Libertad y Seguridad. Los retos para una nueva ciudadanía. Los periódicos locales que cubrieron el evento recogen la misma cita de Benjamin Franklin, su argumento de que «hay que defender los Derechos Humanos primarios y promover los sociales» y su razonamiento de que quienes encarnan los poderes del Estado deben ser «el espejo en el que se reflejan los ciudadanos».

La charla de Avilés duró 60 minutos y tuvo lugar ante una audiencia de unas 100 personas. Garzón fue presentado por José Antonio Alonso, presidente de la Fundación Asturias, que puso en marcha en 1991 la federación de UGT en el Principado. Entre los miembros de su patronato se encuentran los ex presidentes autonómicos Pedro de Silva y Antonio Trevín, y el histórico líder de la minería del carbón José Angel Fernández Villa, el mismo que protagonizó en las navidades de 1991 un memorable encierro con 35 sindicalistas en la cuarta planta del pozo Barredo, en Mieres, para protestar por el plan de reconversión industrial de Hunosa.

La actividad más destacada de la Fundación Asturias es la organización de la Escuela Internacional de Verano de Avilés, que en 2007 celebraba su octava edición. En aquella ocasión, además de Garzón, participaron, entre otros, los catedráticos Gregorio Peces-Barba y Rafael de Asís.

El magistrado regresó esa misma noche a Madrid, en el vuelo de Iberia que partió del aeropuerto de Ranón a las 21.35 horas y aterrizó en Barajas una hora después. De nuevo lo hizo en business class y en el mismo asiento.

El juez no está obligado a pedir al CGPJ permiso para llevar a cabo actividades que tengan lugar fuera de su horario laboral, siempre que no sean permanentes.

Baltasar Garzón pidió que de los 12.000 euros que le correspondían se extendiesen dos facturas: una de 11.000 a su nombre y otra de 1.000 al de su secretaria. En ambas consta como pagadora la Fundación Asturias y una retención del 15% a efectos de IRPF.

Hablar con la boca llena

EL RECIBO. La nota con las características de la conferencia de Garzón lo cuenta casi todo de aquel día: la fecha, la hora, el lugar, el «tipo de vestimenta» y, por supuesto, el caché.O sea, los 12.000 euros que cobró el juez, los 3.000 del intermediario y los gastos de desplazamiento, lo único que no se detalla.

EL RESTAURANTE. A mala crisis buena cata, debió pensar UGT cuando eligió dónde invitar a comer a Garzón y compañía. ¿Qué restaurante de la impecable Asturias gastronómica impresiona más? ¿En qué templo de la exquisitez astur habrá que sentar a don Baltasar? Respuesta: en el Real Balneario de Salinas, que para algo tiene una estrella Michelín y está considerado uno de los mejores restaurantes del Principado. El establecimiento está en el concejo de Castrillón, en la costa central de Asturias, y enclavado a pocos metros de la playa de Salinas con unas impresionantes vistas al Cantábrico.El juez compartió mesa, productos de mar -uno de los platos más elogiados es la lubina al champán- y la posibilidad de una extensa carta de vinos - más de 850 referencias- con otras 11 personas.Si la calidad y el precio están en consonancia, bastará pensar en que el menu degustación del Real Balneario de Salinas ronda los 75 euros. O sea, que UGT Asturias no llevó al señor juez a un chigre, precisamente...

En el año 1983 Enrique Líster, que fue coronel del Ejército republicano y miembro del Comité Central y del Ejecutivo del Partido Comunista de España hasta 1970, denunció en su libro Así destruyó Carrillo el PCE, que existía un documento de más de 100 folios elaborado en 1955 por el dirigente comunista Francisco Abad. En él se revelaba y documentaba la purga que había llevado a cabo Santiago Carrillo dentro del PCE, señalando a algunos de sus camaradas a la Policía franquista y eliminando físicamente a otros. Cincuenta y tres años después, Crónica ha localizado ese informe-documento y a la persona que celosamente lo guardaba. Se llama Catalina Abad Tendero y es la hija de Francisco Abad, el hombre que, con su denuncia, hasta ahora oculta, pone a Santiago Carrillo frente a la Historia.

Catalina Abad Tendero tiene 68 años y entre sus amigos es conocida como Katya. Nació en Moscú y allí se crío, se formó y se educó como una auténtica militante comunista en los principios del marxismo y el estalinismo. Su padre, Francisco Abad, antiguo dirigente del Partido Comunista de España, denunció ante sus homólogos del PCUS soviético y del PCE que Santiago Carrillo había propiciado la detención y muerte de varios militantes del partido en España. Que había informado a la Policía franquista sobre cuándo y cómo pasaban la frontera con Francia los comandos que iban a atentar contra la dictadura y, además, cómo «montó un equipo de castigo [ ] para depurar [ ] ajusticiar, asesinar [ ] a los componentes del movimiento guerrillero».

Han sido más de dos largos años de trabajo los empleados por este periodista para convencer a Katya Abad de que ese informe de su padre contra Carrillo tenía que ver la luz, hacerse público, y de que ella tenía que contar su verdad. Finalmente, la ex militante comunista ha accedido, entre otras cosas, porque «ahora todo el mundo quiere recuperar la memoria histórica. Pues ahí está la memoria de mi padre. Ahí está su informe. Así se sabrá, de una vez por todas, quién es y qué hizo Santiago Carrillo».

Katya Abad, que vive en España desde 1974 y fue secretaria de la Asociación de Amistad España-URSS, comienza a recordar los momentos vividos por su padre cuando se atrevió a levantar la voz contra el que ya se perfilaba como el máximo dirigente del PCE. «Mi padre preparó un extenso informe sobre las actuaciones y comportamiento de Carrillo en el exilio. Después de aquello, fue el propio Santiago, con la ayuda de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, quien se encargó de que lo ingresaran, durante un año y medio, en un psiquiátrico de la antigua URSS -el Korsakova, de Moscú- para acallar sus denuncias. Al final el PCUS comprobó que todo lo que decía mi padre era verdad y lo liberaron. Pero ya nunca más volvió a ser la misma persona, mientras que Carrillo se había convertido en el número uno del PCE».

El informe completo de Abad tiene 100 folios, escritos a máquina, y en él se van detallando, pormenorizando y documentando cada una de las denuncias que se establecen contra Santiago Carrillo.Poco antes de morir en 1979, Francisco Abad entregó un resumen de ese informe a su hija. El original está en los archivos del PCUS en Moscú. Ese documento-resumen es el que hoy revela Crónica.Consta de 21 folios y está encabezado por el siguiente titular: Antecedentes personales y políticos de la carrera de Carrillo hacia la dirección del Partido Comunista de España. A continuación, el propio Francisco Abad lo explica en tres líneas de texto, a modo de introducción: «Estos datos fueron expuestos y desarrollados en el informe presentado a comienzos del año 1955 [el último cinco aparece corregido a mano] en Moscú, informe que fue objeto de discusión en la máxima dirección del PCE, donde se acordaron tomar medidas de aislamiento contra su autor [se refiere a su posterior ingreso en un psiquiátrico]».

Abad hace un exhaustivo análisis de la vida y milagros de Carrillo desde 1932-1933 -cuando todavía era secretario general de las Juventudes Socialistas- hasta 1954, fecha en la que ya se había convertido en el número uno del PCE. Al final del documento el padre de Katya sentencia, localiza y firma: «Todo lo que aquí se expone se hizo en el año 1954 en un amplio informe, de cerca de 100 páginas, dirigido al Comité Central del PCE. Esto me costó muy caro. Era la primera vez que Carrillo se veía acusado. El esto no me lo perdonará jamás. Gijón, Asturias, 25 de enero de 1979. Francisco Abad Soriano». Poco después, tras volver del exilio moscovita a España, Francisco Abad murió en Gijón.

EL IDEOLOGO DE LA PURGA

Las acusaciones más fuertes y directas de Abad contra Carrillo aparecen en el folio número 11 del documento. Ahí se recuerdan los pasos dados por Carrillo en el V Congreso del PCE (Praga, 1954). Asegura que «la dirección del PCE en el interior debe correr a cargo de los camaradas que salen de las cárceles». Y continúa el análisis: «El sabía perfectamente que en las cárceles se había creado ya el núcleo de sus incondicionales».

Abad comienza a documentar y señalar a Carrillo como el auténtico ideólogo de la purga de importantes miembros del PCE: «Para depurar a los componentes del movimiento guerrillero que más tarde o más temprano tendrían que abandonar el monte para incorporarse a la lucha en las fábricas o regresar a Francia, Santiago [se refiere a Carrillo] montó un equipo de castigo compuesto por Antonio (José Gros), Sebastián (Félix Pérez) y Partebocas (Ricardo Navacerrada), ambos llegados de la Unión Soviética».

Verdugos, asesinatos, eliminación... Son algunas de las palabras o aseveraciones que utiliza Francisco Abad en su informe cuando comienza a describir los pasos dados por el equipo de castigo montado por el dirigente comunista. «Entre las hazañas de este grupo de verdugos enviados por Carrillo cabe destacar lo que hicieron con el que fue durante muchos años jefe del Estado Mayor de las guerrillas de Levante, conocido como Pepito o El Gafas [ ]. Llegaron en uno de sus viajes a las guerrillas de Levante los nombres que acabamos de citar, es decir, Antonio, Sebastián y Partebocas, y le dijeron: "Eres el hombre de la suerte. Venimos a por ti. La dirección del Partido te ha designado para que asistas a la reunión del Consejo Mundial de la Paz que se celebrará en Varsovia. Prepara tus cosas, lo indispensable. Cuando lleguemos a París, se te facilitará todo lo necesario "».

Después, Abad narra como Pepito era un experto tirador y que en una ocasión «sacó su pistola dejando tendidos a dos guardias civiles». Dice, además, que ese hecho era perfectamente conocido por «los verdugos enviados por Carrillo», por lo que tuvieron precauciones. «Por eso», continúa Francisco Abad, «cuando llegaron al lugar previsto para su ejecución, se tomaron un largo descanso.Las cosas se hicieron con tal naturalidad y cinismo que Pepito o El Gafas nunca sospechó de lo que se trataba. Dejaron sus armas.Como además los tres que formaban la expedición de castigo (sic) les acompañaba otro guerrillero más, procuraron que dos fueran en busca de agua ».

Y llegado a este momento Abad describe cómo y de qué forma fueron eliminados sus camaradas: «Cuando regresaron con el agua, Pepito ya había llegado a Varsovia, es decir, había sido ajusticiado, asesinado. Sin más explicaciones, sin ninguna acusación. Pero lo más grave consistió en que este asesinato fue ocultado al resto de los guerrilleros, que cuando preguntaban por el jefe se les contestaba siempre que se había quedado en Varsovia».

LO SABIA TAMBIEN LISTER

Esa parte del informe de Abad termina con una serie de aclaraciones o puntualizaciones sobre quiénes eran los presuntos asesinos de Pepito: Antonio y Sebastián, es decir, José Gros y Félix Pérez son miembros del CC [se refiere al Comité Central] del PCE. Gros es el guardaespalda de Santiago. Ha sido el escolta de Dolores [está hablando de La Pasionaria, Dolores Ibárruri]. Siempre está en el CC. Félix Pérez es uno de los defensores de la política de Carrillo en Andalucía».

En 1983, Enrique Líster, que fue miembro del Comité Central y del Comité Ejecutivo del PCE hasta 1970, escribió un libro con el título Así destruyó Carrillo el PCE, donde en su capítulo IV (Persecuciones, represión, terror, crímenes en el partido), y en sus páginas 58 y 59 ya hace referencia a la figura de Francisco Abad y recoge la existencia de un informe elaborado «por ese importante miembro del partido y responsable de comunicaciones por radio desde Francia con el país».

Líster cuenta qué ocurrió con Abad cuando éste planteó en una reunión de la dirección del PCE en Francia que era muy extraño lo de las detenciones que se estaban produciendo en España de camaradas llegados de territorio galo. Es más, «expresó sus temores de que la Policía franquista puede tener agentes suyos en el aparato mismo».

El que fuera coronel del Ejército republicano e instructor de los guerrilleros que atentaban en España durante los primeros años del franquismo, sentencia en su libro: «Con esas dudas Abad acababa de condenarse a muerte [ ] desengañado Carrillo de la importancia de liquidarlo, lo deja marcharse para la Unión Soviética».

Y Líster cuenta los siguientes pasos dados por Abad cuando sale huyendo de Francia: «Al llegar a Moscú, Abad hace un informe de 120 páginas para la dirección del PCE en el que hay un relato de la actividad del aparato de Carrillo hacia el país y acusaciones muy graves sobre el funcionamiento de ese aparato y la actividad y conducta del propio Carrillo y de sus más cercanos colaboradores».El ex general plantea o señala que «según toda una serie de datos y elementos expuestos por Abad y de las conclusiones a las que él llega, la Policía franquista está incrustada en el aparato de Carrillo».

Abad, en su informe, relata varios casos en los que de manera sospechosa fueron detenidos varios dirigentes comunistas en España por la Policía franquista. El más llamativo se refiere al que fuera secretario general del PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña), Joan Comorera, que a principio de los años 50 estaba enfrentado con Carrillo e Ibárruri. «Comorera, arriesgando su seguridad personal y su propia vida se traslada a España con el propósito de salvar al PSUC de la escisión Entonces se pone en marcha la intriga más perfilada. Desde Radio España Independiente se denuncia la presencia de Comorera en España».

Abad reflexiona sobre aquel hecho y llega a la siguiente conclusión: «Es decir, se alerta a la Policía española de que el dirigente comunista de Cataluña ha pasado la frontera franco-española [...] para que lo capturasen, como así sucedió en realidad».

Líster recuerda en su libro que «Abad entrega ese informe en Moscú a Dolores Ibárruri y Fernando Claudín, y éstos, en vez de plantear la necesidad de una investigación, se dedican a aterrorizar a Abad para que retire su informe». Y Líster concluye y sentencia sobre este caso: «Debe ser uno de los documentos que deberá tener en cuenta la comisión que se encargue de investigar en su día ese periodo de la vida del Partido Comunista de España».

«El KGB le aconsejó denunciarme, Abad era un trastornado»

Santiago Carrillo, ex secretario general de las Juventudes Socialistas, ex número uno del Partido Comunista de España y actualmente militante del PSOE, ha escrito muchos libros y memorias en los últimos años, pero en ninguno de ellos aparece el nombre de Francisco Abad y mucho menos se hace referencia al informe que elaboró este dirigente comunista en 1955. Sin embargo, Carrillo conoció perfectamente a Abad.

Cuando Crónica se puso en contacto con él para saber su opinión sobre el informe que elaboró Abad contra su persona rápidamente situó al personaje y comenzó a descalificarlo: «Francisco Abad era un hombre trastornado. Alguien del KGB (los antiguos servicios secretos soviéticos) le aconsejó hacer una denuncia contra mí por mis diferencias con el PCUS».

La conversación, telefónica, comienza a tensarse. Carrillo está nervioso, incómodo. Parece como si le hubieran nombrado al diablo: «Todo aquello eran acusaciones falsas para liquidarme políticamente».Carrillo insiste en el montaje de los servicios secretos: «Abad tenía relaciones con los servicios secretos». Después, con rabia, reconoce la existencia del informe de Abad: «Me lo enseñó Dolores Ibárruri en Moscú, me dijo cómo se había hecho y que querían mi eliminación política». Más nervios y tensión: «Sacar a estas alturas una historia de ese tipo no tiene ningún sentido. Es una campaña personal contra mí No tienen bastante con ese pueblo (no se acuerda del nombre del pueblo y una voz le apunta: «Paracuellos»), Paracuellos. Esta historia no tiene ni pies ni cabeza».

Carrillo, poco a poco, se va alterando y comienza a hacer algunas descalificaciones: «Es normal que EL MUNDO, ahora, ande detrás de esas historias». Y también asevera: «Seguro que habrán pagado a la hija de Abad por hacer declaraciones, como hacen en la televisión cuando sacan a esa gente». El ex dirigente comunista quiere terminar la conversación y se niega a tener un encuentro directo y a ver el documento de Abad.